La trama se complica para el Partido Republicano tras la detención de Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero y ex precandidato a la alcaldía de Coquimbo, implicado en una banda criminal dedicada a la exportación ilegal de cobre. La situación ha llevado a los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini a oficiar al Servicio Electoral para investigar si el partido recibió recursos provenientes de esta red delictual.
Las fuerzas de seguridad lograron desarticular en abril una organización que operaba entre Coquimbo, Calama y Santiago, con conexiones en mercados internacionales como Bélgica e India. San Martín no solo fue el cabecilla de este grupo, sino que también disfrutó de privilegios dentro del Partido Republicano, donde se le conocía como un militante comprometido.
El vínculo entre San Martín y las altas esferas de la colectividad ha despertado la alarma en el Congreso. “Es vergonzoso que hoy tengamos que preguntarnos si candidaturas fueron financiadas con recursos de redes delictuales”, afirmó Manouchehri, enfatizando la necesidad de transparentar el financiamiento político. Por su parte, Cicardini agregó que esto no se trata de un mero escándalo, sino de una potencial infiltración del crimen organizado en la política chilena.
La investigación se centra en las empresas de San Martín, que podrían haber prestado servicios al Partido Republicano. Entre ellas se encuentran Sociedad de Inversiones Suecia Limitada y Ecowaste Link Limitada. La inquietud es clara: ¿Cuánto sabía el partido y qué medidas pondrán en marcha para clarificar esta situación antes de las elecciones?