La Fiscalía Oriente se encuentra en una encrucijada que podría marcar un hito en la política chilena. Está evaluando solicitar el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, en el marco de una perturbadora indagatoria que lo vincula con presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso de facturas falsas. Todo esto, mientras Lavín postergó en más de una ocasión su citación para declarar.
La indagatoria se centra en las acciones de Lavín durante la administración de su esposa, Cathy Barriga, en la Municipalidad de Maipú. La Fiscalía ha recopilado correos electrónicos y testimonios que sugieren que Lavín actuó como un “alcalde en las sombras”, tomando decisiones críticas que habrían influido en la gestión municipal.
Entre las acusaciones más serias se encuentra la presunta instrucción de Lavín para realizar despidos selectivos en el municipio, con la intención de sabotear la gestión de Barriga. Esto plantea un preocupante escenario donde las decisiones políticas se convierten en herramientas de manipulación personal.
Además, figura en la investigación una serie de facturas, que totalizan $88 millones, emitidas por Juan Silva, dueño de la imprenta MMG. Aunque estos documentos fueron presentados como servicios parlamentarios, Silva alega que corresponden a gastos personales y campañas políticas de Lavín. Esto llevó al parlamentario a devolver $7 millones a la Cámara Baja.
La situación de Joaquín Lavín se torna cada vez más precaria, y las acciones del Ministerio Público prometen sacudir los cimientos de la política chilena. Mientras tanto, el diputado se enfrenta a un futuro incierto, que podría llevarlo a ser formalmente acusado y, potencialmente, a enfrentar medidas cautelares.