José Cortés, asesor jurídico de la Dirección de Patrimonio Cultural, rompió el silencio este lunes durante la comisión investigadora sobre la fallida compraventa de la emblemática casa de Salvador Allende. Cortés reveló que había emitido una advertencia por escrito respecto a un conflicto de interés, lo que contradice la versión oficial de que no se notificó al Gobierno sobre la complejidad de la transacción, donde figuras como la entonces ministra Maya Fernández y la destituida senadora Isabel Allende eran copropietarias.
Hasta ahora, se creía que solo había habido un aviso verbal de parte de Macarena Diez, exjefa jurídica de Bienes Nacionales, al equipo presidencial. Sin embargo, en la sesión, Cortés explicó que durante una reunión previa con el representante familiar, Felipe Vio, se discutió la participación de las autoridades en la comunidad hereditaria. “La respuesta mía fue: ‘Eso es materia de análisis’, y así lo informamos mediante una minuta”, señaló.
A pesar de la existencia de esta minuta, la confusión persiste. Pablo Maino, jefe de la División de Bienes Nacionales, aseguró no haber recibido ningún aviso formal sobre el conflicto. “No tenía conocimiento de esa minuta hasta hoy”, insistió Maino, lo que pone en duda la comunicación interna del Gobierno. La directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, confirmó que el contenido de la minuta resaltaba la presencia de las autoridades, pero su impacto parece haberse perdido en la burocracia.
Con este escándalo, el legado de Allende se enfrenta a una sombra de irresponsabilidad que podría haber sido evitada si las advertencias se hubieran tomado en cuenta.