Este lunes, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, hará su entrada triunfal en la comisión investigadora de la Cámara, donde se están deshojando las irregularidades en la fallida compra de la emblemática casa del expresidente Salvador Allende. El planeta entero está girando en torno a este escándalo, y los diputados no se lo van a dejar pasar.
Los interrogantes se centrarán en el rol de Figueroa durante el estallido de este culebrón, especialmente tras la primera baja política: la exministra Marcela Sandoval. Pero, como si esto fuera una película de suspenso, no será el único testigo; Pablo Maino, jefe de la División de Bienes Nacionales, también comparecerá. Este abogado es de los pocos que ha permanecido en su puesto, y su participación será fundamental para aclarar la opacidad que rodeó el proceso de compraventa.
La única certeza es que no hubo “advertencias” sobre problemas constitucionales, al menos según lo manifestado por Maino. Resulta llamativo que, a pesar de su rol, nadie le informó sobre la prohibición que impedía a ciertos funcionarios participar en contratos con el Estado. En el report del 2 de enero, justo antes del estallido mediático, él afirmaba no tener conocimiento de tales restricciones. Curioso, ¿no?
Además, el testimonio de Maino se complica aún más al mencionar una reunión posterior en la que la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, también estuvo presente. Moya, bajo el fuego cruzado de críticas por su falta de visión, tuvo que lidiar con preguntas de su propio equipo antes de validar el decreto supremo que autorizaba la compra. ¿Cómo es posible que en medio de un escándalo de esta magnitud, los detalles pasen desapercibidos?
Por si fuera poco, la comisión convocó a otras figuras como Nélida Pozo y José Cortés. Y no olvidemos a la exministra Sandoval, quien, a pesar de no estar obligada a comparecer, se asoma en el horizonte como una posible testigo clave en mayo. La trama se complica, y la saga de la casa de Allende continúa.