En un giro que muchos esperaban, la Corte Suprema de Chile ratificó la multa de $60 millones a Agrícola El Cerrito S.A., empresa ligada al magnate Andrónico Luksic. La sanción se origina en la extracción no autorizada de aguas del Estero Derecho, ubicado en la Región de Coquimbo, un acto que no solo desafía la ley, sino que perjudica a otros usuarios del recurso hídrico, un bien tan escaso en nuestro país.
El escándalo comenzó en 2021, cuando el medio CIPER destapó la irregularidad tras una denuncia de agricultores locales. La Dirección General de Aguas (DGA) inició una fiscalización, y en 2022, la empresa fue multada por la instalación de una bomba que operaba sin los permisos pertinentes. Ya en 2023, el camino legal llegó hasta la Corte Suprema, que este lunes 14 de abril resolvió rechazar el recurso de casación presentado por la empresa.
Según el dictamen, la Corte de Apelaciones de Santiago había cumplido correctamente la ley al evaluar el impacto que la operación de Luksic tenía sobre la disponibilidad de agua para otros consumidores. En sus palabras, “se debía aplicar la ley para solucionar el conflicto”. La decisión pone en tela de juicio la actitud de quienes, con el poder económico, creen que están por encima de la ley.
Es importante recalcar que Luksic había prometido tomar responsabilidad por las acciones de su empresa, afirmando que “si incurrieron en una falta, deben ser sancionados”. A pesar de las declaraciones, la batalla legal se mantuvo y la empresa buscó revertir la sanción.
Este caso es un claro recordatorio de que las grandes empresas deben rendir cuentas por sus actos y de que la justicia, aunque lenta, puede alcanzar incluso a los más poderosos.