Este lunes, la comisión especial investigadora del fiasco en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende se reunió nuevamente. En esta sesión, se contó con la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, así como de miembros de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) como Francisca Moya y Lucas Vera, quienes fueron interrogados sobre el manejo del caso.
Elizalde, en su papel como ex titular de la Segpres cuando ocurrió la compraventa, fue preguntado sobre las responsabilidades políticas del asunto. Reiteró lo que el gobierno había señalado anteriormente: la responsabilidad recae en la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Curiosamente, también se mencionó la dimisión de Maya Fernández, ministra de Defensa y nieta del ex líder de la Unidad Popular, quien resultó involucrada en el escándalo.
Las preguntas se centraron en Moya, especialmente en su rol al validar el decreto que permitiría la compra, que buscaba convertir el inmueble en un museo dedicado a Allende. Un aspecto crucial en la discusión fue la posible infracción constitucional, dado que tanto la senadora Isabel Allende como Moya tenían prohibiciones de realizar contratos con el Estado debido a su relación con el ex presidente. “Conocía la norma”, admitió Moya.
Durante la sesión, Moya defendió su labor asegurando que su participación se limitó a la revisión técnica-legal del decreto y que, una vez aprobado, fue presentado al presidente Gabriel Boric para su firma. La controversia que rodea esta transacción se intensifica, dejando al descubierto la fragilidad de los controles legales dentro del gobierno.