La reciente investigación por la compra de un software destinado a interceptar comunicaciones telefónicas ha revelado una serie de conexiones intrigantes en el Ministerio Público, específicamente en la figura de Carolina Zavidich, funcionaria de la Fiscalía Nacional, cuyo teléfono fue incautado en el proceso. Zavidich está casada con Patricio González Schiavetti, un abogado que tiene importantes vínculos con figuras clave, como el exministro Andrés Chadwick y el penalista Luis Hermosilla.
La compra del software Vigía Elite Advanced, que costó cerca de un millón de dólares en 2019 y que nunca se utilizó, plantea serias preguntas sobre el manejo de recursos públicos. La incautación del teléfono de Zavidich no solo tiene implicaciones sobre el software, sino que también podría desenmascarar comunicaciones relacionadas con otros temas de interés público, en un escenario donde la transparencia se ha vuelto más necesaria que nunca.
El caso se complica aún más cuando consideramos que el fiscal José Morales, quien ordenó la incautación, fue removido del caso antes de acceder a los dispositivos, delegando la investigación a la fiscal regional Tatiana Esquivel. Esto genera suspicacias sobre la posibilidad de obstrucción a la justicia y las intenciones detrás de este giro inesperado.
El vínculo de González con importantes figuras políticas y empresariales, así como su participación en la asesoría del Ministerio del Interior durante la compra del software, hace que este caso no sea un simple asunto administrativo. Se rumorea que su relación con Chadwick y sus conexiones con la PDI podrían haber influido en decisiones cruciales que hoy se encuentran bajo escrutinio.
Además, la relación laboral de González con la PDI y sus colaboraciones con personajes como Feres, quien ha sido señalado en un escándalo de tráfico de influencias, pone en evidencia un entramado de corrupción que podría afectar la credibilidad de las instituciones.
La clave para entender el alcance de esta situación radica en la información que pueda revelarse del teléfono de Zavidich. Es evidente que lo que está en juego trasciende el mero uso de un software, y podría involucrar a una red de complicidad que amenaza con desmoronar la confianza en el sistema judicial chileno.