El exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, ha cerrado un capítulo oscuro de su carrera al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, con lo que se convierte en el primer condenado dentro del denominado Caso Hermosilla. La sentencia, que le otorga tres años de libertad vigilada, nos invita a reflexionar sobre la integridad de nuestras instituciones.
La audiencia para formalizar la condena está prevista para el 9 de mayo. Muñoz, quien tuvo que dimitir a su puesto en marzo de 2024 tras ser formalizado, fue acusado de filtrar información secreta al abogado Luis Hermosilla, lo que sacudió el ambiente político y judicial de Chile.
El exdirector de la PDI no solo entregó datos sensibles, sino que lo hizo en al menos cinco investigaciones relevantes, incluyendo casos oscuros que involucran a figuras como el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, así como el polémico proyecto minero Dominga. Este escándalo se desató el año pasado tras una filtración de audio donde Hermosilla conversaba sobre presuntos sobornos a funcionarios públicos, lo que llevó a múltiples pesquisas.
Lo más escandaloso es que Muñoz no solo entregó información de su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, representado por Hermosilla en una investigación por malversación, sino que también lo hizo en otras indagatorias que ni siquiera involucraban al abogado. Las filtraciones incluyeron casos que tocan la fibra de la corrupción chilena.
En su declaración, Muñoz trató de distanciarse de una relación amistosa con Hermosilla, argumentando que fueron solo visitas ocasionales. Sin embargo, la seriedad de sus acciones nos deja con la pregunta: ¿dónde quedan los valores éticos en las altas esferas de la justicia chilena?