Congreso

Encargado de seguridad de Evelyn Matthei bajo la lupa por corrupción en caso Hermosilla

La Corrupción en la Justicia Chilena: Piñera, Hermosilla y el Caso de los Nombramientos Controversiales

En medio de un escándalo que sacude las estructuras judiciales de Chile, la Fiscalía de Rancagua ha decidido ampliar su investigación sobre presunto tráfico de influencias en los nombramientos judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La atención se centra en tres personajes clave de esta trama: Héctor Mery, Antonio Ulloa y Pablo Urquizar.

La investigación surge tras la revisión de mensajes en el celular de Luis Hermosilla, un abogado que ha sido clave en estas redes de poder, donde sus intercambios con el ministro de la Corte de Santiago, Ulloa, revelan gestiones para colocar “personas de confianza” en tribunales a lo largo del país. Todo esto mientras el Ministerio Público avanza en su indagatoria respecto a eventuales delitos de corrupción.

Ulloa, quien ha reconocido que su ascenso en el poder judicial fue gracias al apoyo de Hermosilla, ha conseguido así una nueva línea de investigación que incrementa la presión sobre el sistema judicial chileno. Además, Ciper ha publicado otros chats que sugieren que la dupla Hermosilla-Ulloa pudo haber estado involucrada en el nombramiento de ochos jueces y tres fiscales judiciales.

En medio de esta tormenta, destaca también el rol de Pablo Urquizar, un antiguo asesor en La Moneda que ha vuelto a captar la atención como el coordinador de seguridad de la campaña de Evelyn Matthei. Su influencia se extiende a los temas de seguridad nacional, que son críticos en la agenda pública actual. Desde su experiencia en el gobierno hasta su rol actual como académico, Urquizar ha tejido su red de conexiones con un claro énfasis en la seguridad, vinculándose con figuras clave del oficialismo.

Este embrollo, que podría transformar el panorama judicial chileno, demuestra cómo las relaciones personales y las redes de poder pueden comprometer la integridad del sistema, a la vez que trae a la luz nuevos cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de la justicia en Chile.