El mundo de la justicia chilena está de nuevo en el ojo del huracán, esta vez por las acciones del suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra. Este funcionario, que debería ser un bastión de la ley, se ha visto envuelto en un escándalo de proporciones tras la filtración de información crucial relacionada con un caso de tráfico de drogas.
La fiscal regional de Los Lagos ha tomado la iniciativa de presentar una querella por violación de secretos, buscando formalizar y solicitar medidas cautelares contra Palma. Sin embargo, esta tarea se ha complicado considerablemente, ya que los esfuerzos para notificar a Palma han sido infructuosos. ¿Dónde se esconde un fiscal que parece haber olvidado el camino a la justicia?
Las revelaciones indican que Palma no solo facilitó detalles de la investigación a un abogado, Luis Hermosilla Osorio, sino que también envió un audio de una llamada entre imputados. Esta filtración de información sensible es un recordatorio alarmante de cómo, a veces, la justicia se ve comprometida por aquellos que se supone debieran protegerla.
El Consejo de Defensa del Estado ha estado intentando contactar a Palma en su domicilio registrado, pero hasta el momento no ha tenido éxito. ¿Es este un nuevo caso donde la justicia queda atada de manos por la ineptitud de sus propios guardianes? Mientras la fiscalía busca la manera de avanzar, el público observa con incredulidad cómo uno de sus representantes parece estar jugando a las escondidas.