No han sido días sencillos para la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Karol Cariola (PC). En una “lamentable coincidencia” el mismo día que dio a luz a su primer hijo, el 3 de marzo, un equipo de la Brigada Anticorrupción de la PDI irrumpió en su hogar en Providencia para ejecutar un allanamiento. Durante esta operación, Cariola fue oficialmente imputada en una investigación secreta por presunto tráfico de influencias, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Este caso, que ha captado la atención pública, no solo posee una carga judicial, sino también política. La conexión de Cariola con un supuesto tráfico de influencias, en relación a gestiones a través de chats con la exalcaldesa Irací Hassler (PC) para ayudar a un amigo chino con una patente, desencadenó una moción de censura en su contra. Afortunadamente para ella, logró salir airosa de esta intentona.
Con su recién nacido en brazos, celebró el rechazo a la moción, alzando el puño izquierdo en señal de victoria. Sin embargo, la situación se complicó con la entrada de su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien ha anunciado acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando “violencia obstétrica”, dado que la PDI buscó su celular en el hospital.
Lo más inquietante para Cariola es que el informe 487 de la PDI incluye no solo sus gestiones, sino también críticas contundentes sobre el gobierno de Gabriel Boric. Los chats, que habían sido eliminados, revelan una relación cercana y problemáticas sobre el manejo de la administración, en un momento crítico para el gobierno, coincidiendo con los polémicos indultos que desata la salida de la ministra de Justicia.
En medio de esta tormenta, su capacidad para manejar crisis se convierte en un arma de doble filo, donde la lucha por su imagen pública se enfrenta a la realidad de ser señalada por corrupción. La pregunta que persiste en el aire es hasta dónde llegará este embrollo judicial y político.