A dos años de iniciado el juicio del caso SQM, el escándalo por financiamiento irregular en la política chilena continúa enredándose en una maraña de lentitud y críticas. Más de $1.000 millones en salarios para funcionarios del Ministerio Público y el intempestivo retiro de una fiscal en plena batalla legal han convertido este proceso en un auténtico blanco de cuestionamientos.
Hasta la fecha, han tenido lugar 450 audiencias en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en Santiago, donde destacan nombres como Patricio Contesse, ex gerente de SQM, y los ex candidatos presidenciales Pablo Longueira (UDI) y Marco Enríquez-Ominami (PRO). Ambos se enfrentan a delitos tributarios y cohecho. La lentitud del juicio ha sido tal, que incluso se ha reprochado su conformidad con estándares de derecho internacional.
Por si fuera poco, la lectura de libros de contabilidad por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) ha desatado nuevamente el descontento respecto a la redundancia de pruebas, que ha dilatado el proceso aún más. Los fiscales del caso, con dedicación exclusiva, han recibido sueldos que superan los $6 millones mensuales, lo que eleva exponencialmente los costos del proceso.
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo en que la gestión haya sido eficiente. Un interviniente del caso ha expresado su preocupación por el gran gasto de recursos por un caso que podría terminar sin condenas significativas. Los críticos, incluyendo defensores de los acusados, aseguran que el Ministerio Público ha dilatado el caso con pruebas irrelevantes y ha confundido a los testigos, dificultando aún más el cruce de evidencias.
La exfiscal Carmen Gloria Segura, quien dedicó gran parte de su carrera a esta causa pues lleva más de diez años en juego, defiende su trabajo y el del equipo, aunque se retiró por motivos personales, dejando tras de sí un ambiente cargado de críticas.
Algunos abogados no han restringido sus observaciones a lo técnico, sino que reclaman vulneraciones a los derechos humanos de los imputados, señalando que este juicio interminable es una clara muestra de la falta de garantías judiciales. Con el potencial de convertirse en un récord de lentitud en la justicia penal chilena, el caso SQM plantea serias interrogantes sobre nuestra capacidad institucional para acusar en un plazo razonable.