En un giro inesperado en la política chilena, el presidente Gabriel Boric ha sido citado a declarar como imputado en la causa penal que investiga la intentona de compra de la emblemática casa de Salvador Allende. La noticia ha causado revuelo, no solo por la figura del mandatario, sino también por las implicaciones legales y políticas que esto conlleva.
Boric, en su calidad de jefe de Estado, tendrá la peculiar facultad de fijar el lugar y la hora para su declaración, algo que parece más un guiño a la comedia que una formalidad legal. El interrogatorio incluirá preguntas sobre quién tomó la decisión de la compra, quién gestionó los fondos y qué se esperaba obtener en la transferencia entre el Estado y la familia Allende.
Este escándalo comenzó con una denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, gobernada por el abogado y militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara. Es curioso como este tipo de demandas se mueven en el marco de un tiempo donde la política está más cargada que la batería de un celular después de un maratón de TikToks.
La investigación está bajo la dirección del fiscal nacional Ángel Valencia, con Patricio Cooper como el perspicaz fiscal encargado. Ya han sido citadas a declarar las exministras de Bienes Nacionales y Defensa, Marcela Sandoval y Maya Fernández, así como la senadora Isabel Allende, lo que amplía el espectro de la controversia.
A medida que avanza la causa, las preguntas se multiplican. ¿Podría esto convertirse en un punto de inflexión para el gobierno de Boric? ¿La historia verá a un presidente, en medio de un escándalo, luchando por su legado?