En un giro dramático de los acontecimientos, el gobierno de Chile ha decidido llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, sucedido en febrero de 2024 en Santiago. Este escalofriante incidente ha sacudido las bases diplomáticas y pone en evidencia una trama que podría involucrar directamente al gobierno de Nicolás Maduro.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que la decisión de acudir a la CPI se fundamenta en los sólidos indicios de la participación venezolana en el crimen. ‘Nosotros vamos a ir a la corte antes de que termine la investigación, entregando los antecedentes que se pueden entregar, porque la investigación todavía tiene elementos en reserva’, explicó Tohá en una declaración que anticipa una confrontación legal internacional sin precedentes.
El fiscal regional Héctor Barros, por su parte, ha reforzado esta postura al señalar que los antecedentes recabados apuntan a que el asesinato fue no sólo encargado sino también financiado por el régimen venezolano, una acusación que eleva la tensión entre ambos países a niveles críticos.
Con la presentación de los antecedentes ante la CPI planificada para ‘próximamente’, el caso promete ser un foco de atención internacional y un posible catalizador de cambios profundos en la diplomacia sudamericana.