A más de un mes de su destitución en el Tribunal Constitucional (TC), Isabel Allende, la exsenadora del Partido Socialista (PS), vuelve a estar en el centro de la atención mediática. La decisión del tribunal fue contundente, con ocho votos a favor y solo dos en contra, marcando un hito en la política chilena al hacer cumplir la prohibición de contratar con el Estado, que ella misma quebrantó.
El nuevo capítulo de este drama político se desarrollará mañana, cuando Allende se presente ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación sobre la fallida compraventa de la casa de su padre, el aclamado expresidente Salvador Allende. Esta diligencia podría resultar clave para esclarecer los posibles delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco que se están investigando.
Como imputada, Allende comparece ante la justicia en un momento complicado, y su versión será crucial para definir si su implicación en el asunto supera las barreras de la legalidad o si, por el contrario, se trata de un malentendido que la ha llevado a una situación insostenible.
Sin duda, este evento pone de manifiesto las complicaciones que enfrentan aquellos que, incluso en posiciones de privilegio, se encuentran bajo el escrutinio público. La historia política de Allende, entre el legado de su padre y su propia trayectoria, se ve amenazada por este escándalo, que podría afectar no solo su imagen personal, sino también la del partido que representa.