En un giro inesperado de los acontecimientos, se ha puesto en la mira a Alberto Larraín, psiquiatra e influyente figura del mundo político, tras la revelación de que dos personas, el diputado Diego Ibáñez y Francisco Fuentes, exadministrador del Circuito de Lota en Procultura, son quienes poseían las llaves de su casa. Esta conexión no es trivial, ya que Fuentes es considerado uno de los más cercanos colaboradores de Larraín, con quien compartió la campaña de la excandidata presidencial Carolina Goic.
El papel de Fuentes se torna aún más crucial en el contexto de una investigación dirigida por el fiscal Patricio Cooper, quien busca determinar si hubo financiamiento irregular en campañas políticas. Aunque Larraín se ha apresurado a negar cualquier irregularidad, la situación se complica al confirmarse un aporte económico a la campaña del excandidato RD a alcalde de Limache, Sebastián Balbontín. Larraín, al hablar de este aporte, ha aclarado que fue a través de terceras personas para evitar que su exesposa, Josefina Huneeus, lo viera como aportante.
La trama sugiere que Larraín transfirió un total de $4.5 millones a la cuenta de Fuentes. La mitad de esa suma fue destinada a la campaña de Balbontín, mientras que el resto se utilizó para otros candidatos, en un ejercicio que comienza a parecerse a un juego de cuentas en el que Procultura podría haber operado bajo una “bicicleta” de financiamiento ilícito, utilizando fondos de la fundación para fines poco transparentes.
El nombre de Francisco Fuentes ha cobrado relevancia no solo como testigo, sino como un documento viviente de un sistema que podría implicar a varios personajes del mundo político en una danza de corrupción. Con vínculos en las estructuras de Convergencia Social, Fuentes también se enfrenta a su propio dilema sobre la lealtad y la verdad en medio de esta creciente tormenta.
Este escándalo trae consigo un ciclo de interrogantes sobre la ética en el uso de recursos públicos y la transparencia en las campañas políticas, mientras Procultura se ve envuelta en un mar de acusaciones e indagaciones que podrían cambiar el panorama político chileno.