En una nueva vuelta de tuerca a la ya enredada trama política chilena, la fiscalía ha generado revuelo al afirmar que los fondos de convenios con organismos públicos fueron desviados por Procultura hacia la campaña de Gabriel Boric. Pero antes de que la opposición celebre, es crucial examinar los hechos.
Según la fiscalía, en una escucha telefónica una persona llamada “Lucía” insinuó que el director de Procultura, Alberto Larraín, había utilizado plata para financiar la campaña. Lo que no anticiparon es que CIPER llevaría a cabo su investigación, revelando que los recursos cuestionados no provienen de dineros públicos, sino de donaciones de gigantes como Enel y Anglo American.
La conversación interceptada, que alimentó la acusación del fiscal Patricio Cooper, data de un momento tenso entre Larraín y Bustamante, propietario de la empresa de impresión Andros, que no solo se había vinculado a Procultura, sino que había trabajado previamente en campañas, incluida la de Boric.
De acuerdo con los hallazgos de CIPER, los fondos adeudados a Bustamante, que ascienden a $41,9 millones por trabajos de impresión, corresponden a proyectos financiados con donaciones culturales privadas. Esto plantea serias dudas sobre la validez de la acusación de la fiscalía: no hay prueba de que un solo peso de estos fondos haya sido usado en la campaña presidencial.
Esta situación es un recordatorio de cómo una información mal interpretada o mal presentada puede desencadenar una tormenta política. Sin duda, la oposición está haciendo un festín con las acusaciones, pero lo cierto es que hasta ahora, no parece haber bases sólidas para las acusaciones de financiamiento irregular. Gabriel Boric, una vez más, puede respirar tranquilo.