La situación de la pesca en Chile se ha convertido en un campo de batalla político que trasciende las merluza comunes y se adentra en la arena del poder legislativo. La reciente reunión de la comisión mixta sobre la Ley de Fraccionamiento ha dejado en claro que las tensiones entre oficialismo y oposición se intensifican ante la polémica por las cuotas de pesca.
Desde el oficialismo, se ha cerrado la puerta a reabrir el debate a pesar de los errores en datos presentados por el gobierno. Según informes, la oposición defiende con dientes y uñas una cuota del 52% para la pesca artesanal, reclamando que los intereses económicos de esta comunidad vital no deben ser sacrificado por una falta de cifras actualizadas. La pregunta queda en el aire: ¿quién se atreverá a asumir la responsabilidad política de este desaguisado?
Las críticas no tardaron en llegar, con llamados a la renuncia y a interpelaciones a las autoridades del Ministerio de Pesca. En el centro de esta tormenta, un senador comunista ha sugerido mantener las cuotas actuales con ajustes graduales, una propuesta que resuena con el temor de miles de trabajadores que podrían perder sus empleos.
Mientras tanto, los vientos soplan en contra de un gobierno que parece desbordado por la presión social. El arte de gobernar en tiempos de crisis no solo exige buenas intenciones, sino también datos precisos y decisiones firmes.