En medio de la polémica en torno a la ley de pesca, el diputado Joaquín Bobadilla, del partido UDI, ha lanzado una propuesta que ha causado revuelo no solo entre sus colegas, sino también en la opinión pública. Bobadilla, quien regresa tras una breve pausa en su carrera política, busca “partir de cero” la legislación pesquera, utilizando como argumento un supuesto error en los datos sobre la merluza. Sin embargo, su discurso deja muchas preguntas en el aire.
Es relevante recordar que el mismo Bobadilla perdió su cargo y, durante ese tiempo, recibió financiamiento directo de empresas pesqueras, lo cual genera suspicacias respecto a sus intenciones reales. Su regreso al Congreso en 2018 estuvo marcado por un apoyo evidente a los intereses de estas empresas, presentando más de 200 indicaciones a la Ley de Pesca que parecen estar más alineadas con los deseos de los empresarios que con las necesidades de los pescadores y la sustentabilidad del recurso marino.
En su afán por enmendar lo que él califica de “dato malo”, se cuestiona si verdaderamente busca el bienestar del sector o si está jugando a favor de sus benefactores. Esta propuesta de reformulación de la ley pone en evidencia los intereses cruzados entre la política y los sectores económicos que tienden a manipular las decisiones en su favor.
En un contexto donde la pesca sustentable es más urgente que nunca, ¿es razonable partir desde cero? La respuesta parece evidente: no se puede arriesgar la industria que sustenta a miles de familias por caprichos políticos o argumentos confusos. Es hora de que se priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.