El ambicioso proyecto de fraccionamiento pesquero en Chile podría estar dando más de un giro inesperado. La reciente presentación de cifras incorrectas sobre la captura de merluza común, realizada por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, ante la comisión mixta, ha encendido alarmas políticas y ha suscitado críticas de diversas bancadas.
La polémica se desató cuando la comisión aprobó la modificación en la distribución de la pesquería, otorgando un 48% de la cuota al sector industrial, a pesar de que el Ejecutivo planteaba destinar solo un 57%. Salas presentó datos que indicaban que el sector industrial había consumido un 61% de su cuota en 2024, muy lejos del 93% respaldado por los registros de Sernapesca. Esta diferencia no ha caído bien entre los parlamentarios, quienes se sintieron desinformados y manipulados.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, admitió la inexactitud de las cifras de Salas tras la avalancha de críticas, lo que llevó a algunos a exigir la renuncia de ambos. En esta tensa reunión, Grau sugirió repetir la votación para corregir el rumbo, pero esto requeriría la unanimidad de la comisión, lo que no parece probable dado el clima actual.
Entre los que han manifestado su desacuerdo destaca el diputado Sergio Bobadilla, quien se ha mostrado inflexible en su postura de no respaldar una nueva votación mientras Salas permanezca en su rol. Al señalar la gravedad del incidente, Bobadilla cuestiona si se trató de un simple error o de una estrategia deliberada para engañar a los legisladores.
Las críticas hacia Grau y Salas no se limitan a un solo sector; ambos han sido blanco de reproches desde el oficialismo hasta la oposición. La situación se torna cada vez más tensa y, mientras el tiempo avanza, los plazos para el proyecto se acortan, poniendo en riesgo su viabilidad.
En medio de todo esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se enfrenta a la difícil tarea de encontrar financiación tras el rechazo a la licitación de la cuota de jurel, lo que complica aún más el panorama fiscal. Con una normativa que exige informes en un plazo determinado, la presión está a la orden del día.