En un giro dramático que, lamentablemente, no sorprende a muchos, el gobierno anterior, bajo el mando de Claudio Orrego, se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción similar a los de antaño. La historia comienza el 11 de julio de 2022, cuando Miguel Crispi, entonces subsecretario de Desarrollo Regional, firma una resolución que permite el traspaso de $1.683 millones a la Fundación ProCultura, dirigida por Alberto Larraín, cuya carrera ha sido marcada por la controversia.
A pesar de la buena intención del programa, destinado a la prevención del suicidio, los hechos han tomado un giro inesperado. Hasta la fecha, un montante de $1.000 millones permanece no recuperado, lo que ha encendido las alarmas en la actual administración. Con la luz verde de la actual directora de Presupuestos, las transferencias continuaron, llevando la suma total a $3.4 mil millones en solo dos meses, lo que ha dejado a más de uno preguntándose: ¿dónde está el dinero?
Las resoluciones fueron firmadas y aprobadas sin mucha supervisión, permitiendo que se llevaran a cabo proyectos de diversa índole. Sin embargo, la historia se complica más cuando consideramos que el Ministerio Público está investigando posibles fraudes al fisco relacionados con esta fundación y sus convenios.
Claudio Orrego, quien se muestra como el héroe de la salud mental, se ha convertido en un “sujeto de interés” en la investigación, tras intentar recuperar los fondos de ProCultura. Se trata de una situación irónica; uno de los principales promotores de un programa vital, ahora enfrentando posibles repercusiones legales por la misma causa.
La pregunta persiste: ¿cómo es posible que estos contratos hayan podido ser firmados con tan poco escrutinio y con vínculos tan cercanos entre los involucrados? La Administración Pública chilena necesita urgentemente una auditoría más transparente y eficaz que evite que este tipo de situaciones se repitan.