La reciente renuncia de Lin-Kiu Ly Fumey, presidenta de la Comisión de Seguridad, Prevención y Desastres del Consejo Regional, ha desatado un torbellino político en Chile. La abogada y militante del Partido Nacional Libertario (PNL) decidió apartarse del cargo una vez revelada su polémica participación en más de 40 causas relacionadas con narcotráfico y delitos graves, incluyendo la defensa de un autor de atropello a un funcionario de la PDI durante un operativo antidrogas.
Su renuncia, enviada por correo electrónico a sus colegas y en la que declaró que su objetivo era ‘resguardar el espíritu de unidad’, contrasta con su actitud de defensa a ultranza en redes sociales días anteriores. Sin embargo, esta vez, Ly optó por la discreción, dejándonos con la duda: ¿realmente su decisión fue voluntaria o fue el resultado de un consejo del gobernador regional, Diego Paco, para que evitara mayores conflictos de interés?
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública, la situación se vuelve aún más complicada. A pesar de sus críticas al gobierno y la crisis de seguridad en la región, Ly guardó silencio sobre su caso, una postura que coincide con la de sus colegas del Consejo Regional, quienes también han decidido no comentar. Este silencio general lleva a especulaciones sobre una posible estrategia política en la que se busca que Ly se convierta en un voto clave para fiscalizar a la autoridad, en un momento en que la oposición a Paco se encuentra en desventaja.
El nuevo presidente temporal de la Comisión será Ignacio Gómez Gutiérrez, del Partido Republicano, la misma colectividad que Ly dejó para unirse al PNL. Mientras tanto, el PNL ha anunciado medidas legales en su contra, luego de que se hiciera evidente su complicidad en el manejo de casos críticos que afectan a la sociedad.
En un entorno donde el crimen organizado y la seguridad son temas prioritarios, la política chilena vuelve a demostrar que los conflictos de interés no son solo asunto privado; son, sin duda, del interés público.