Un nuevo episodio de la saga Piñera está en marcha, y esta vez se desarrolla en Bahía Coique, donde los hijos del ex presidente Sebastián Piñera han puesto sus ojos en un proyecto inmobiliario valorado en US$40 millones. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Ríos ha lanzado una serie de cuestionamientos que dejan en jaque la viabilidad de la iniciativa.
El 26 de marzo, el SEA emitió un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) que refleja el descontento de diversos organismos ante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la inmobiliaria Arenas Blancas S.A., en su intento de construir 208 viviendas vacacionales entre 2026 y 2033. Uno de los puntos más críticos es la incompleta evaluación de la segunda etapa del proyecto, donde se limita la descripción y se omite información crucial para comprender el impacto ambiental total.
Pero las cosas no se detienen ahí. El SEA también ha puesto en entredicho la conexión del proyecto al sistema de tratamiento de aguas servidas, exigiendo acreditaciones que hasta el momento brillan por su ausencia. Lo más irónico es que la empresa responsable del sistema sanitario, Hotelera Lago Ranco, forma parte del mismo entramado empresarial de los Piñera. La falta de claridad y las incongruencias en la cantidad de viviendas propuestas han llevado a la autoridad a solicitar una revaluación exhaustiva.
Los ecos de la participación ciudadana se han dejado sentir, con 11 solicitudes ya presentadas, entre ellas la de Christian Larraín, ex subsecretario del gobierno de Gabriel Boric, quien ha apuntado a irregularidades que podrían comprometer seriamente la salud de los humedales aledaños, reiterando que este proyecto podría desencadenar una serie de problemas ambientales no contemplados.
En suma, la familia Piñera se enfrenta a un panorama nada alentador. La presión por develar un proyecto que, en teoría, busca mejorar la calidad de vida de la región, contrasta con estas revelaciones que vuelven a poner en el centro del debate la transparencia y la responsabilidad ambiental.