La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados acaba de dar un giro inesperado al futuro de la política chilena al rechazar un proyecto de ley que buscaba actuar en contra del nepotismo en la administración pública. Con 64 votos a favor, la iniciativa necesitaba un mínimo de 77 para continuar su tramitación y, tras este revés, ha pasado al archivo, dejando a muchos preguntándose sobre la ética en el servicio público.
La propuesta era clara: prohibir el ingreso de familiares de autoridades a cargos en la administración del Estado sin la debida idoneidad profesional. Específicamente, la normativa buscaba inhabilitar a cónyuges, convivientes civiles e incluso hijos y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. El objetivo era establecer un estándar que garantizara la competencia por sobre las relaciones familiares.
Los altos cargos que estaban bajo esta regulación incluían desde el presidente de la República hasta senadores, diputados, alcaldes, y varios otros funcionarios públicos. Sin embargo, se ofrecía una excepción para aquellos puestos regulados por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que provocó un caldeado debate en la Cámara.
Los argumentos fueron diversos; varios diputados se manifestaron a favor del proyecto, apoyando la necesidad de verificar la idoneidad profesional de los aspirantes. Otros, no obstante, se mostraron escépticos, alegando que definir esta idoneidad era más complicado de lo que parecía a simple vista. ¿Es la política chilena capaz de desprenderse de las prácticas nepotistas que tanto critican?
El cierre de esta propuesta sugiere que por ahora, las puertas siguen abiertas para que los vínculos familiares influyan en el acceso a los cargos públicos. Un retroceso en la lucha contra la corrupción que deja a la ciudadanía preocupada.