En medio de una controversia que amenaza con desestabilizar su gobierno, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha salido al paso de la citación como imputado del Presidente Gabriel Boric en el caso de la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Cordero ha declarado que el mandatario está dispuesto a testificar cuantas veces sea necesario, una postura que busca despejar cualquier sombra de duda sobre su gestión.
Sin embargo, la situación no es tan simple. Cordero no ha dudado en criticar lo que ha calificado como ‘querellas indiscriminadas’, acusando a figuras como el abogado Raimundo Palamara de actuar con motivaciones políticas en esta causa. Este tipo de afirmaciones llevan a cuestionar no solo la ética en la política chilena, sino también el propio funcionamiento del sistema de justicia.
Ante este escenario, los abogados involucrados, John Reid y Raimundo Palamara, han defendido su labor, argumentando que su única misión es buscar la verdad y mantener la legalidad. Palamara ha acusado a Cordero de intentar atemorizar a quienes luchan por la defensa de la institucionalidad, sugiriendo que hay un claro intento de desviar la atención sobre temas cruciales que afectan al país.
La situación se torna cada vez más crítica, y los ciudadanos se preguntan: ¿realmente estamos ante un sistema justo, o más bien ante un entramado que intenta proteger a ciertos sectores del poder?