La reciente declaración de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, ha sacudido el espectro político nacional al proponer la restauración de la pena de muerte. Aunque su posición no es nueva, ya que ha sido consistente desde 2001, su insistencia ha generado reacciones mixtas incluso dentro de su propia coalición de centroderecha.
Matthei declaró en un punto de prensa: “Yo fui de las pocas parlamentarias que votó el año 2001 por mantener la pena de muerte… la pena de muerte sí debería aplicarse”. Un comentario que, aunque respaldado por algunos, ha encontrado una respuesta mayormente cautelosa en Chile Vamos. Figuras destacadas han apresurado a distanciarse de tales afirmaciones, resaltando las complicaciones legales y éticas que implicaría una reinstauración de esta práctica.
El exconvencional y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, admitió que aunque considera legítimo el debate, tiene dudas sobre la efectividad de la pena de muerte en la reducción de crímenes. Similarmente, Hernán Larraín Matte, parte del equipo programático de Matthei, argumentó que reabrir esta discusión podría chocar con tratados internacionales y presentar problemas constitucionales.
Ximena Ossandón, jefa de bancada de RN, reiteró esta preocupación al señalar que, según los tratados internacionales, Chile no podría restaurar la pena de muerte, salvo en tiempos de guerra. Es evidente que la propuesta de Matthei no solo suscita controversia moral, sino que también plantea importantes cuestiones legales.